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Partir de la premisa de que
el narcotráfico tuvo sus momentos cruciales de recorrido en la historia de
Bolivia, donde se agenciaron coyunturas propicias y/o que tuvieron que lidiar
con estructuras de poder específicas, que finalmente cooptaron comprando
conciencias, financiando campañas electorales, penetrando niveles
oficiales y configurando un panorama que
por fines didácticos podemos esquematizar de la siguiente manera:
1) El sector
cocalero-campesino;
2) El imperialismo
norteamericano (Embajada de Estados Unidos en Bolivia);
3) Los narcotraficantes
(o embriones de mafias y/o cárteles) y,
4) Los gobiernos y
regímenes de turno.
Partimos de la hipótesis
de que Bolivia transitó por tres etapas históricas en función a la correlación
de fuerzas:
Una primera etapa transcurrió desde comienzos de la década de los ‘80 hasta 1997. Esta fue una etapa de equilibrio y de hegemonía variables. La Embajada de Estados Unidos mediante su dominio semicolonial, logró que se apruebe en Bolivia la Ley 1008 (ley antinarcóticos), condicionando su ayuda a “certificaciones oficiales”, reprimiendo y arrestando a más gente que nunca por más tiempo (si el promedio de reclusión en 1982 fue de 38 meses, en el periodo posterior a la promulgación de la Ley 1008 ascendió a 90 meses), extraditar a los más buscados (o a algunos), asentar la militarización en la zonas productoras de coca y lucha antinarcóticos, y, sobre todo, promover, y hasta imponer, el denominado “desarrollo alternativo”. Los campesinos, no obstante sufrir bajas, consiguieron mantenerse en el trópico cochabambino y los Yungas, como una fuerza social decisiva, lograron la definición de la coca como legal, en tránsito e ilegal (y no sólo como ilegal) y, con ello, la autorización de plantar 12.000 hectáreas; alcanzaron a cultivar hasta 1997 poco más de 50.000 hectáreas, siendo subsidiados con determinados montos por hectárea erradicada y tuvieron sitios de venta legal además de haber logrado ingresar al Congreso precisamente en aquel año. Los narcos no estuvieron de fiesta pero sí tuvieron su Huanchaca, su “Oso” Chavarría y/o su Barbaschocas, conspicuos narcotraficantes financiando la política conservadora, no exenta de los beneficios y lazos clandestinos. Precisamente Huanchaca fue del MNR, las muchas haciendas narcotizadas fueron de ADN y el “Oso”fue del MIR. Fue una situación de nexos multipartidarios.
Una primera etapa transcurrió desde comienzos de la década de los ‘80 hasta 1997. Esta fue una etapa de equilibrio y de hegemonía variables. La Embajada de Estados Unidos mediante su dominio semicolonial, logró que se apruebe en Bolivia la Ley 1008 (ley antinarcóticos), condicionando su ayuda a “certificaciones oficiales”, reprimiendo y arrestando a más gente que nunca por más tiempo (si el promedio de reclusión en 1982 fue de 38 meses, en el periodo posterior a la promulgación de la Ley 1008 ascendió a 90 meses), extraditar a los más buscados (o a algunos), asentar la militarización en la zonas productoras de coca y lucha antinarcóticos, y, sobre todo, promover, y hasta imponer, el denominado “desarrollo alternativo”. Los campesinos, no obstante sufrir bajas, consiguieron mantenerse en el trópico cochabambino y los Yungas, como una fuerza social decisiva, lograron la definición de la coca como legal, en tránsito e ilegal (y no sólo como ilegal) y, con ello, la autorización de plantar 12.000 hectáreas; alcanzaron a cultivar hasta 1997 poco más de 50.000 hectáreas, siendo subsidiados con determinados montos por hectárea erradicada y tuvieron sitios de venta legal además de haber logrado ingresar al Congreso precisamente en aquel año. Los narcos no estuvieron de fiesta pero sí tuvieron su Huanchaca, su “Oso” Chavarría y/o su Barbaschocas, conspicuos narcotraficantes financiando la política conservadora, no exenta de los beneficios y lazos clandestinos. Precisamente Huanchaca fue del MNR, las muchas haciendas narcotizadas fueron de ADN y el “Oso”fue del MIR. Fue una situación de nexos multipartidarios.
Una segunda etapa marcó sus acentos necesarios. Nada volvió a ser como antes. Se ingresó en una etapa de hegemonía estadounidense que se inició con el régimen de Hugo Banzer en 1997 y concluyó en 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada. En este periodo se decidió acatar y cumplir las órdenes de erradicar todos los cultivos como bien lo exigía la Embajada de Estados Unidos. Se realizó en 1997 el Diálogo Nacional que elaboró un Plan de Gobierno en base a cuatro pilares. El Plan Dignidad o Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico 1998-2002 se estableció como meta la erradicación total de la hoja excedentaria hasta finales de 2002. El propósito fue suavizar la relación con Estados Unidos, que veía con ojos punitivos la alianza con el MIR, partido tildado de estar involucrado con el narcotráfico.
Si hasta 1997 se pagaron 83.630.000 dólares a 34.537 productores por concepto de erradicación individual, ya desde aquel año, en el marco del Plan Dignidad, se estableció la erradicación comunitaria que fijó una compensación descendente para la comunidad de 2.500 dólares en 1998 hasta sólo 500 a finales de 2001. Los resultados fueron contundentes. Entre 1989 y 1997, la superficie cultivada se redujo de 52.900 a 45.800 hectáreas, con una erradicación neta de sólo 7.100 hectáreas. Entre enero de 1998 y diciembre de 2001 se erradicaron 46.000 hectáreas y la erradicación neta fue de un 90% de esta cifra. Esta reducción, que posibilitó la existencia de sólo 2.600 hectáreas ilegales en 2000, significó simultáneamente la disminución de la oferta potencial de cocaína de 236 toneladas métricas a sólo 12. Asimismo, el aporte de esta “economía informal” bajó a 2,2% del PIB y al 7,3% de las exportaciones legales y en 2003 a poco más del 1% del PIB. En cuanto a la generación de empleo, a mediados de los 80, alrededor de 120.000 familias estaban involucradas en esta cadena productiva, y para 2002 se estimó que esta cifra se redujo a cerca de 60.000 familias.
No hay pues duda. Narcos y campesinos tanto como los propios políticos quedaron al margen de los beneficios. El imperialismo norteamericano prevaleció notablemente en esta fase histórica.
La tercera etapa se inicia en 2003 con el ascenso de Carlos Mesa a la presidencia de Bolivia, teniendo una duración hasta el periodo vigente. Es la etapa de hegemonía campesina. Carlos Mesa firmó en octubre de 2004 un convenio con el movimiento cocalero, que tenía por objetivo autorizar el cultivo de un “cato” por familia cocalera en el Chapare a cambio de que el Gobierno pueda emprender la elaboración de un estudio para certificar la cantidad de coca necesaria para el consumo lícito, fijada en 12.000 hectáreas de coca en la letra de la Ley 1008. Se estableció un plazo de un año para lograr este cometido. Ese convenio terminó de ratificar el veloz ascenso en los cultivos de coca que alcanzaron en 2005 las 28.450 hectáreas. El estudio jamás tuvo lugar y hoy, ya con Evo Morales a la cabeza, la producción potencial de coca subió. Entre 1990 a 1997 se mantuvo estable con un promedio anual de 80.000 toneladas. A partir de aquel momento se redujo hasta 13.400 en 2000, para incrementarse a 20.000 toneladas en 2003 y llegar a las 39.000 en 2006. De esta cantidad, sólo el 1% —casi 400 toneladas— pasó por los mercados legales. Aún más riesgosa fue la autorización del Gobierno de Evo Morales para comercializar libremente la hoja de coca —Reglamento de Comercialización de la Coca—, que incrementó su producción de 1,3 a 6,8 toneladas. Producción que de acuerdo con los mismos comerciantes de la hoja —los llamados “cocanis”—, será destinada al narcotráfico. Hoy, el Gobierno debe controlar no sólo a 6.000 detallistas, sino a más de 54.500 productores de coca: 23.000 en el Chapare, 30.000 en Yungas y 1.500 en Caranavi.
Qué duda cabe, en esta fase de auge cocalero-campesino, los narcotraficantes también salen a flote. El otro actor, el denominado “político”, también se beneficia, como el Movimiento Al Socialismo (M.A.S.) actual partido de gobierno. La característica de esta fase: TODOS SE BENEFICIAN y sobre todo de manera monopartidaria: EVO MORALES Y SU GOBIERNO. Por tanto, la expulsión de la DEA de Bolivia y las condiciones en las que se queda USAID en el país (que será tema de otra investigación y revelación del Partido Comunista Sol Rojo de Bolivia) marcan claros y múltiples beneficiarios de la producción de la coca en la polítiquería boliviana de los partidos de la burguesía compradora y de la burguesía burocrática en el viejo Estado boliviano: Otra vez TODOS DE BENEFICIAN MENOS EL PUEBLO BOLIVIANO. Se benefician: El gobierno de Evo Morales, pues recibe réditos y ganancias del narcotráfico. Estamos en posibilidad de decir que los dineros provenientes de la red organizada por el general (en retiro) René Sanabria, llegaban a niveles gubernamentales, pues Sacha Llorenti, Ministro de Gobierno, conocía y fomentaba las actividades narco-policiales dentro de territorio boliviano. Los otros beneficiados son las familias involucradas “microeconómicamente” en el circuito coca-cocaína y que evidentemente no representa a todo el sector cocalero, pero que sin embargo, financia al M.A.S. a cambio de canonjías y favores de protección oficial-gubernamental. Y finalmente, el otro sector beneficiado son los cárteles de la droga, involucrados pero en ciernes en territorio boliviano, que a cambio de posibles financiamientos electorales todavía siguen en “conversaciones y tratativas” con ALGUNOS personeros del gobierno de Evo Morales para lograr su “legalidad” y “aceptación“ de las actividades ilícitas del narcotráfico.
El narcogeneral Sanabria, no es una peca en la piel. Y si lo es, entonces es una peca que ha hecho metástasis, dejando entrever la ecuación combinada de poder en el que intervienen varios protagonistas y en el que cada uno a su turno se lleva la parte jugosa de los narcodólares para fines inconfesables, donde el narcotráfico ha penetrado ---aunque fuentes oficiales se apresuren en negar--- niveles gubernamental-partidarios en alianza tácita con algunas familias poderosas de los cocaleros y algunos personeros del Gobierno.
La cuarta etapa del
narcotráfico comienza a escribirse… y todo hace ver que será escrita desde
niveles, otra vez, gubernamentales ahora del M.A.S. y de Evo Morales,
permeables al narcotráfico.
Marzo de 2011
Marzo de 2011
PARTIDO COMUNISTA SOL ROJO DE BOLIVIA
