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El viernes 5 de agosto de 2011, los ciudadanos peruanos Williams Antonio Minaya, Hugo Walter Minaya y Blanca Riveros Alarcón fueron expulsados de Bolivia y entregados a la policía peruana en la localidad fronteriza de El Desaguadero. Ellos habían sido detenidos junto con su compatriota José Cantoral Benavides en la ciudad de El Alto, el pasado lunes 1 de agosto. Aunque sólo se les encontró textos de contenido marxista y volantes contra el “gasolinazo” de Evo Morales de diciembre pasado, el régimen masista los acusó en un principio de instigación a la comisión de un delito, de organizar células de la guerrilla peruana “Sendero Luminoso” y de estar vinculados al narcotráfico.
La policía no contaba con ninguna prueba. Tan evidente es esto que, la posesión de volantes críticos a la política económica evista, no pueden constituir delito de instigación a un delito. La Constitución del llamado “Estado Plurinacional” de Bolivia garantiza la libertad de opinión, expresión y de participación política. Además la policía no encontró a los peruanos distribuyendo los volantes. La acusación de recrutar activistas para “Sendero Luminoso” no sólo es falsa sino que no constituiría delito en Bolivia ya que esta organización no está prohibida en este país andino.
El aparato estatal al mando de Evo Morales, hizo todo lo posible para llevar a cabo una expulsión ilegal. Tres jueces fueron recusados porque existía el peligro que no acepten las directivas del gobierno. Otro juez se excusó el mismo. Finalmente, el juez de El Alto que asumió el caso determinó la expulsión del país de tres de los detenidos en el plazo de 24 horas. De esta manera se pisotean principios de un Estado de derecho y de un debido proceso. A los expulsados no se les siguió un proceso por los cargos imputados; no tuvieron oportunidad de defenderse. El Código de Procedimientos Penal boliviano no prevé la expulsión como medida cautelar en caso de detención de extranjeros. Se les negó el derecho a apelar. Se les negó sus derechos como refugiados y solicitantes de asilo. El juez títeré del viejo y reaccionario Estado Plurinacional, ordenó la expulsión lo hizo excediéndose en sus atribuciones ya que esto le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones. Se les entregó directamente a la policía peruana, reviviendo pesadillas del pasado acuñadas por el “Plan Cóndor”.
A los expulsados les espera por lo menos 15 años de prisión. Serán juzgados bajo la misma legislación anti-terrorista que fue promulgada por el gobierno del sátrapa y vendepratria Fujimori (1990-2000). Según esta legislación, por ejemplo, la sola pertenencia a una organización terrorista sin que se haya cometido ningún acto delictivo es penada con 15 años de prisión. Pero lo más grave es que el Poder Judicial no garantiza un juicio justo. Los jueces peruanos siguen casi siempre las consignas del poder político.
El régimen de Ollanta Humala, no representa por supuesto ninguna garantía para los perseguidos, prisioneros políticos, prisioneros de guerra en el Perú y esto lo acredita su negro pasado militar (bajo el seudónimo del “Capitán Carlos”), su accionar nefasto de innumerables violaciones de derechos humanos durante la guerra interna.
El cuarto detenido, José Cantoral Benavides, ha sido puesto en libertad pero se le ha retirado su estatus de refugiado y se le ha dado noventa días para que salga de Bolivia. La dimensión de esta persecusión política se evidencia en el hecho que José Cantoral, ya le ganó una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. El Estado peruano fue condenado en el año 2001 al pago de una indemnización de 3,000 dólares de los Estados Unidos de América a José Cantoral por los “daños materiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso”. Este caso se refiere a la persecusión y prisión injustificada de su hermano Luis Alberto Cantoral por el delito de terrorismo.
La detención arbitraria de los cuatro peruanos había sido denunciada por activistas de derechos humanos. Según informaciones de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, los detenidos han sufrido torturas y malos tratos por parte de la policía boliviana. El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Víctor Vacaflores, afirmó que “el gobierno está impedido de presentar las pruebas (...) porque no se penaliza el libre pensamiento más allá del contenido de los materiales”.Así podemos sostener que Evo Morales aplica el “Plan Orinoca” con el cual pretende eliminar a todos sus adversarios políticos.
La expulsión de los tres ciudadanos peruanos, lleva la marca de una sucia y proterva persecusión política contra quienes pongan en cuestionamiento al régimen de Morales. Trae negros recuerdos de la represión continental que se dio bajo el “Plan Cóndor” en los años ‘70 en Latinoamérica. Al enviar a jóvenes a las fauces de un Estado y Poder Judicial peruanos altamente represivos, que no les brindan las garantías de un juicio justo, Evo Morales como representante de un gobierno burgués y fascista, representa sólo una tapada y furgón de cola, de una represión que en sus redes y tentáculos coordinada con regímenes reaccionarios y proburgueses como los de Ollanta Humala y sus socios latinoamericanos. El Partido Comunista Sol Rojo de Bolivia, exige y demanda a Evo Morales que cese la represión y cese la persecusión contra José Cantoral Benavides, restituyendo su condición de refugiado y se le permita continuar residencia en Bolivia con todos los derechos que le corresponden.
Cochabamba, agosto de 2011
PARTIDO COMUNISTA SOL ROJO DE BOLIVIA
